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España y los inmigrantes: Medicina pública, razón y ética
Bioética y humanización
Lunes, 03 de Septiembre de 2012 11:12

Compartimos la editorial de La Vanguardia de España, que trata sobre la reforma de salud que entró en vigencia el día sábado y dice que los extranjeros sin residencia legal en España deberán pagar obligatoriamente por la atención de salud, y los deja casi fuera de la cobertura de salud en este país, sólo con exepciones de emergencia o partos. Los casos de personas con tratamiento y otras atenciones se cerrarían para estas personas. Esta situación pone en el tapete la cuestión ética en situaciones difíciles que siempre la pone a prueba: "una cuestión que tiene su dimensión política, pero que hunde sus raíces en un conflicto entre la razón económica y la ética, y que propicia la siguiente pregunta: ¿sigue siendo razonable algo cuando ya no es ético?".

DESDE ayer, los inmigrantes sin papeles están excluidos de la sanidad pública gratuita. Así lo indica el real decreto ley 16/2012. Esta nueva medida del Gobierno popular se enmarca en las severas políticas de ajuste encaminadas a la reducción del déficit. Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha argumentado que con ella se quiere evitar el turismo sanitario, cuyo coste cifra en mil millones de euros.

A nadie se le escapa que la situación económica exige recortes generalizados. Ni que ya pasó la época en que España era el paraíso para los extranjeros dispuestos a visitarnos, amagar una urgencia y beneficiarse de la sanidad pública española. Pero una cosa es poner coto a los abusos del turismo sanitario y otra privar a parte de los inmigrantes afincados aquí del auxilio que merece cualquier ser humano. Así lo entiende al menos un sector importante de la clase médica española, que de paso alerta sobre los efectos antieconómicos del decreto a medio y largo plazo. También algunos gobiernos autonómicos, que han decidido desoírlo. Por ello, y dado que la sanidad es una competencia transferida a las autonomías, la entrada en vigor del decreto y su diversa aplicación nos llevan, de facto, a la quiebra del principio de igualdad que debe regir entre cuantos viven en España en circunstancia similar.

Las dimensiones del problema son importantes. Sólo en Catalunya el decreto gubernamental afecta a cerca de 600.000 personas, entre las que se cuentan unos 420.000 ciudadanos que no cotizan a la Seguridad Social y unos 180.000 extranjeros. Pero, como apuntábamos, quizás la nueva norma no se vaya a cumplir aquí como en Madrid. En su frente de rechazo han coincidido comunidades donde no gobierna el Partido Popular. Por ejemplo, Catalunya, el País Vasco, Andalucía, Asturias y Navarra. Y también Galicia, donde el popular Alberto Núñez Feijóo (ya en precampaña electoral) ha proclamado que los simpapeles censados en municipios gallegos que acrediten carecer de recursos tendrán derecho a asistencia médica pública. Por el contrario, la mayoría de las autonomías gobernadas por el PP han cerrado filas con el Gobierno. Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha anunciado que "la sanidad madrileña no puede atender a los ciudadanos del mundo entero". Y Alberto Fabra, presidente valenciano, ha dicho que "hay que hacer un uso razonable de los recursos públicos, especialmente en la sanidad".

Ninguna persona sensata debería estar en contra de lo razonable. Pero tampoco en contra de la ética. Aunque los recortes parezcan ya, a fuer de reiterados, incuestionables, no siempre lo son. Al menos, en términos éticos. Desde el siglo V antes de Cristo, los médicos observan el juramento que formuló Hipócrates, que establece las bases éticas del ejercicio profesional. En él destaca el pasaje que les compromete a no reconocer otro objetivo "más que el bien de los enfermos". Y, en la versión reelaborada en la Convención de Ginebra de 1945, los médicos precisan: "No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase". Estamos, pues, ante una cuestión que tiene su dimensión política, pero que hunde sus raíces en un conflicto entre la razón económica y la ética, y que propicia la siguiente pregunta: ¿sigue siendo razonable algo cuando ya no es ético?

 

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