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La minería ilegal
Análisis y reflexión
Martes, 22 de Octubre de 2013 10:26

Como todos los meses, la Dra. Pilar Arroyo publica un análisis de coyuntura naciona. Esta vez trata de la minería ilegal que en los últimos meses ha sido un tema relevante y que es necesario que la ciudadanía tengamos mayor claridad sobre este tema. Les invitamos revisar el artículo, agradeciendo al Instituto Bartolomé de Las Casas, que lo publica en su web.

 

Desde nuestra última entrega (23 de agosto) este tema ha estado presente en la escena nacional, no solo por la decisión del gobierno de poner orden en este sector, sino por los dos paros nacionales llevados a cabo por los pequeños mineros y los mineros artesanales. El primero buscaba  la ampliación de los plazos para formalizarse, habiéndose fijado como nueva fecha el 19 de abril de 2014. El segundo, que se paralicen las acciones de interdicción hasta ese entonces y que se simplifiquen los trámites para poder formalizarse, pues la normativa actual la consideran complicada y costosa.

1.- QUÉ ES

A veces existe una cierta confusión entre pequeños mineros, mineros artesanales y mineros ilegales. Cuando hablamos de minería ilegal nos referimos a aquella que utiliza “equipo y/o maquinaria que no corresponde a las características de PPM [pequeña producción minera] o PMA [pequeña minería artesanal]; o que no cumple con las exigencias de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental; o que se realiza en zonas donde no está permitida la actividad”[1]

La PPM posen denuncios de hasta 2,000 has. y produce hasta 350 TM por día; mientras que La PMA posen denuncios de hasta 1,000 has. , y produce hasta 25 TM por día.  Con datos de INGEMET (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico institución a cargo de la entrega de concesiones), Julia Cuadros, directora de la ONG CooperAcción, sostiene que a Junio de 2013, 3’633,437.9 hectáreas se encontraban concesionadas a 2,623 pequeños productores y 4’287,257.6 ha estaban concesionadas a 12,366 productores artesanales; representando un total del 29.91% del total de concesiones mineras a nivel nacional[2]. Estos datos nos permiten ver que en la ilegalidad se encuentran más de 65,000 productores.

La llamada minería ilegal es fundamentalmente minería de oro. En costa y sierra (especialmente el sur andino) explota filones (por eso se le llama minería filoneana) tanto en socavón como a tajo abierto.  En la Amazonía trabaja en los cauces de los ríos, por eso se le conoce también como minería aluvial. La encontramos sobre todo en Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Amazonas, y en la selva de Cusco, Puno, Pasco, Huánuco. Se identifican actividades ilegales principalmente en Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Julia Cuadros señala que “Las diferencias también se dan en el tipo de maquinaria y herramientas que utilizan, en el uso de químicos, en el tipo de procesamiento para la recuperación de minerales que utilizan; así como en los diferentes impactos ambientales, económicos y sociales que producen. Estas diferencias requieren ser recogidas en el marco regulatorio, a fin de poder abordar los problemas en su real dimensión”[3].

Diversos cálculos señalan que este sector responde por el 20% de la producción nacional de dicho metal. Se estima que mueve entre US$ 1,800 y US$ 2,600 millones. Por ello muchos afirman que este sector mueve más dinero que el narcotráfico y el contrabando. Actualmente dicha actividad involucra a una población aproximada de 1,200,000 personas: 80,000 productores directos (otros hablan de 100,000), 160,000 indirectos y 960,000 familiares.

2.- SUS CONSECUENCIAS

Este tipo de minería tiene diversos impactos:

2.1 Ambientales

Porque el uso de cianuro y mercurio contamina el medio ambiente, afectando el suelo, animales y plantas, pero especialmente los ríos amazónicos e influye en la deforestación de la Amazonía, pues mata la vegetación y deja inmensas pampas de lodo y taludes de cascajo. La Defensoría señala que “En términos ambientales, afecta a quince zonas de amortiguamiento de áreas naturales protegidas y ha generado que en los ríos amazónicos se haya vertido más de tres mil toneladas de mercurio en los últimos veinte años”.

2.2  Sociales

Pues convive con mafias (nacionales y extranjeras) dedicadas a la trata de personas, explotación sexual, trabajo infantil, y lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Estas mafias actúan en territorios “liberados” del control del Estado. Efectivamente, muchas de las zonas donde operan se encuentran cercadas y vigiladas, restringiéndose incluso el ingreso de las autoridades.

Pero también afecta la salud de la población. En el caso de Puerto Maldonado 78% de los adultos tienen niveles de mercurio en el cabello superiores a los límites de referencia internacional para la salud humana, pues el cianuro de sodio y mercurio de los ríos a través de los peces ha pasado  a la población.

La Organización Verité, Fair Labor Worldwide acaba de dar a conocer los resultados de un estudio hecho sobre el impacto social de la minería ilegal  en cuatro regiones: Madre de Dios, Cusco, Puno y Arequipa. El estudio se llevó a cabo entre los meses de agosto del 2012 y enero del 2013. En su detallado reporte de 120 páginas  señala con preocupación la existencia de trabajo infantil, trata, prostitución e incluso lo que ellos llaman trabajo esclavo, así como también los riesgos que esta actividad presenta para la salud de los trabajadores[4].

La Defensoría señala que en el plano humano, esta actividad ocasiona que miles de niños, niñas, adolescentes y mujeres sean víctimas de explotación laboral, sexual y trata. La gravedad es tal, que más de cien mil personas trabajan sin derechos laborales y en condiciones de alto riesgo para su vida”. Otros estudios hablan del aumento de los índices de alcoholismo, violencia familiar y violencia sexual. 

2.3 Económicos

Este tipo de minería no paga ningún tipo de impuesto.Se dice que el  canon dejado de percibir solo por la región de Madre de Dios asciende a US$ 50 millones. Y La Defensoría estima que a nivel nacional “esta minería extrae ilícitamente dieciocho toneladas anuales de oro que representan más de quinientos millones de soles en impuestos dejados de pagar al Estado, es decir, a todos los peruanos y peruanas”[5]

Pero el perjuicio económico se da también por lo que señala Julia Cuadros “estas actividades afectan directamente otras actividades económicas como la agricultura, el ecoturismo, y las concesiones forestales, entre otras”[6]. Y provocan el alza del costo de vida en las localidades donde operan.

3.- POR QUÉ ESTÁ TAN EXTENDIDA

Muchos analistas coinciden en que es un sector que se ha expandido a prácticamente todas las regiones del país, debido a diversos factores: 

1.- Los altos precios que el oro alcanzó en el mercado internacional en la última década,

2.- Los desplazamientos de poblaciones afectadas por la violencia política, que vieron en esta actividad una forma de ganarse la vida,

3.- La falta de oportunidades laborales, sobre todo en el caso de la juventud. Julia Cuadros habla de “La falta de oportunidades económicas, de trabajo y medios de vida, de una población que fue expulsada del sector formal a partir de la implementación del consenso de Washington, la flexibilización laboral y la privatización de las empresas públicas”[7].

4.- Y la existencia de una débil presencia estatal.

5.- Algunos añaden que a la base de su expansión está el hecho de que resulta, por varios motivos, funcional a los intereses de la gran minería. Por ejemplo, Julia Cuadros, señala que empresas formales de procesamiento de mineral “están promoviendo el desarrollo de actividades artesanales ilegales. Estas empresas proveen de insumos y materiales, incluso de explosivos, a los mineros artesanales con el compromiso de adquirirles el material mineralizado, el mismo que es transportado desde zonas tan lejanas como Piura o Apurímac al distrito de Jaquí en Arequipa”[8]

José de Echave, ex viceministro de gestión ambiental, es de similar opinión. En declaraciones al diario El País, de España afirmó que “Preocupa también que “La minería ilegal y la gran minería formal no coexistían antes. Actuaban en territorios separados, ahora esa coexistencia es variada. Por ejemplo, el departamento de Apurímac (sierra sur) concentra los mayores montos de inversión minera formal, más que Cajamarca y allí está creciendo mucho la minería ilegal, con una Federación de Mineros que tiene un discurso de derechos. Cuestionan la concentración y acaparamiento de grandes concesiones como el proyecto Las Bambas, que abarca dos provincias de Apurímac”[9].

Se estima que hay presencia de mineros ilegales en 21 regiones, siendo la región más afectada Madre de Dios, considerada una de las 25 zonas de mayor biodiversidad del planeta; habiéndose convertido de lejos en la principal actividad económica de Madre de Dios, dando cuenta del 52% de su PBI.

A inicios de la década del 90, la zona afectada por la actividad minera no superaba las 900 hectáreas en Madre de Dios, principalmente en la zona de Hueypetuhe. Hoy son 32,750 hectáreas, entre las zonas de Hueypetuhe, Delta y Huacamayo. Ha llegado a ocupar incluso más de cinco mil hectáreas de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata en los últimos años.

4.- LA ACCIÓN DEL ESTADO

El gobierno actual, continuando con el esfuerzo iniciado en el 2010 por el entonces Ministro del Ambiente Antonio Brack, ha lanzado una ofensiva para tratar de ordenar el sector. La ofensiva se mueve a dos niveles:

4.1.- La formalización

Se dice que 30,000 se están acogiendo a ella. Sin embargo, Julia Cuadros señala que son 20,875[10] Por otro lado, ella señala algunas dificultades  para esta formalización, entre las que se encuentran:

+ “Miles de mineros que tienen la voluntad de formalizarse y que han presentado sus Declaraciones de Compromiso, no podrán hacerlo debido a que los titulares de las concesiones donde están operando ilegalmente, se niegan a firmar los Contratos de Explotación indispensables para su formalización”[11].

+ Que “La competencia en materia de formalización de la PPM y PMA se encuentra en manos de los GR [Gobiernos Regionales], que no cuentan con los recursos y las capacidades necesarias para enfrentar este reto y tampoco cuentan con los instrumentos de gestión del territorio (zonificación ecológica económica y ordenamiento territorial) que les permita definir con claridad las zonas donde estaría permitida la actividad minera”[12]

4.2.-  La interdicción

La interdicción es  el hecho de llevar a cabo, con el concurso de la Fuerza Armada y las Fuerzas Policiales, medidas concretas para identificar, y reprimir a los mineros ilegales. Ello incluye el  decomiso de sus bienes, maquinarias, equipos e insumos prohibidos y destruir o demoler equipos como dragas, chutes, bombas de succión, zarandas, cargadores frontales, retroexcavadoras, quimbaletes, molinos, pozas de cianuración, etc. El argumento del Estado para la destrucción de dicha maquinaria (algunas de un valor superior al medio millón de dólares) se basa en que en una verdadera pequeña minería o artesanal no se usa esos componentes, sino lampas, combos, barretas etc. También procede la interdicción cuando se encuentran en áreas no autorizadas.

Una prueba de que no es PPM ni PMA lo vemos en el caso de Madre de Dios. Aallí se usan básicamente dos métodos: “un 30% de la explotación es a través del método del Shute, con cargadores frontales, lo que implica una inversión por operación de aproximadamente un millón de soles. El otro método de extracción, es el de la succión que representa el 70% de todas las operaciones mineras en la región, con una inversión del orden de los 450 mil soles por operación”

En el Informe Defensorial se evalúa lo hecho por el Estado hasta la actualidad. Allí  se señala que “las acciones de interdicción desarrolladas en Madre de Dios, Loreto, Junín y Ancash, han significado un duro golpe para la minería ilegal. Asimismo, que constituyen importantes avances: la implementación del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y el establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de control hacia Madre de Dios. Además de la creación del instrumento de gestión ambiental correctivo para la formalización de actividades de pequeña minería y minería artesanal en curso.

Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Por ejemplo, es necesario implementar una Ventanilla Única, que, procurando la simplificación de sus trámites, permita continuar con los procedimientos establecidos para una formalización eficaz. No obstante, es claro que no todos los que han presentado una declaración de compromiso podrán acceder a la formalización. No lo podrán hacer los que ejercen una minería prohibida expresamente por la ley, como, por ejemplo, la que se ubica en áreas de exclusión minera.

Asimismo, está pendiente que el Ministerio de la Producción y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (a través del Ministerio de Economía) dicten medidas complementarias para implementar un registro de control efectivo de la comercialización de mercurio, cianuro de potasio y cianuro de sodio, insumos que circulan impunemente en Madre de Dios y en otras regiones del país. Se requiere también una mayor fiscalización del transporte de maquinarias y equipos utilizados en la minería ilegal”[13].                                  

                                                           . . . 

Nos parece que esta acción gubernamental, a pesar de algunos errores, debe ser respaldada por el conjunto del país. “El ministro del Ambiente tiene razón cuando afirma que no hay derecho que se siga atentando contra la Amazonia, contra la diversidad biológica del país y que se afecten irremediablemente los cauces de los ríos y todo el entorno. (…) El mercurio no se puede seguir expandiendo en nuestras cuencas amazónicas, afectando la riqueza biológica de nuestro territorio e impactando la salud de nuestras poblaciones, ni se puede aceptar las condiciones laborales y la explotación de personas que se ve en Madre de Dios.[14]

Julia Cuadros sostiene que “se requiere un cambio de política pública, que aborde todos los aspectos involucrados en una problemática tan compleja como esta, que aborde no solo los aspectos legales y/o ambientales, sino también los aspectos económicos, sociales y culturales”[15] que permita que la pequeña minería y minería artesanal pueda convertirse en una actividad social y ambientalmente responsable


[1] ) Julia Cuadros Falla “La Minería Informal en Perú” en R.Hoetmer, M.Castro, M.Daza, J. De Echave y C.Ruiz Minería y Movimientos Sociales en el Perú. Instrumentos y Propuestas para la Defensa de la Vida, el Agua y los Territorios” (Lima, Programa Democracia y Transformación Global-CooperAcción-Acsur Las Segovias-EntrePueblos, setiembre 2013)pp. 196-197.

[2] ) Políticas para la Pequeña Minería, Minería Artesanal e Ilegal. Documento de Trabajo, presentado en  “Red muqui - dialogos ciudadanos propuestas de politica pública para un nuevo rol de la mineria en el Perú p. 9.

[3] ) Políticas… p. 19.

[4] )  Verité, Fair Labor Worldwide Risk Analysis of Indicators of Forced Labor and Human Trafficking in Illegal Gold Mining in Peru

[5] ) Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial n. 160 Gestión del Estado frente a la Minería Informal e Ilegal en el Perú  (enero del 2013)p.7.

[6] ) Políticas… p. 21.

[7] ) Políticas … p. 24

[8] ) La Minería Informal… pp. 204 y 203.

[9]  Cita tomada de Martín Paredes Oporto, Perú, Informe Mensual n. 135 (Lima, Escuela para el Desarrollo, agosto 2013) p.11.

[10] ) Políticas para la Pequeña Minería, Minería Artesanal e Ilegal. Documento de Trabajo, presentado en  “Red muqui - dialogos ciudadanos propuestas de politica pública para un nuevo rol de la mineria en el Perú”

[11] ) Políticas… p.17.

[12]) La Minería Informal… p.197.

[13] ) Informe Defensorial… p.8.

[14] ) “¡Ay Madre de Dios!” Nota de CooperAccion, del 9 de setiembre del 2013.

[15]) La Minería Informal … p.210.

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