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Coyuntura Febrero 2013
Análisis y reflexión
Miércoles, 27 de Febrero de 2013 14:14

La Dra. Pilar Arroyo analiza dos temas muy preocupantes pero que pasan desapercibidos en los medios y la opinión pública. El primero se refiere al juicio que entabla contra los dirigentes indígenas del llamadaop "baguazo" (junio del 2009) que costó la vida de 33 personas y 1 desaparecido hasta la fecha. Hay denuncias contra 53 dirigentes indígenas por diversos delitos (ninguna autoridad policial o política), pero según el Insituto de Defensa Legal (IDL) sin sustent. El otro punto es sobre normas dadas por el Ejecutivo (por delegación de facultades del Congreso) en seguridad nacional que estaría atentando contra la libertad de información y expresión, pero que estarían pasando asolapadamente. La Defensoría del Pueblo ha puesto el alerta frente a estas normas.

A continuación compartimos este análisis, gracias al Instituto Bartolomé de las Casas.

Tamibén puede descargar el archivo original en PDF aquí.

DOS TEMAS PREOCUPANTES

Pilar Arroyo R.P.

Instituto Bartolomé Las Casas

Si bien la agenda nacional está centrada en otros temas (la revocatoria de la alcaldesa de Lima[1], las intensas lluvias en la sierra y selva que ya han producido algunos desastres como en Arequipa, el conflicto minero de Cañaris, etc.) nos parece importante dedicar nuestro comentario mensual a dos temas muy serios que están pasando desapercibidos y que requieren de urgente atención de la opinión pública.

I.- EL JUICIO A LOS DIRIGENTES INDÍGENAS DEL BAGUAZO

La Organización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú (ORPIAN-P), que agrupa organizaciones indígenas de las regiones de Amazonas y Cajamarca (afiliada a AIDESEP), emitió un comunicado exigiendo al gobierno que cese la persecución a los dirigentes indígenas awajun y wampis que participaron en la protesta indígena de Junio del 2009, más conocida como el “baguazo”.

Un poco de historia

Recordemos que Alan García, en su segundo gobierno (junio del 2008), dio una serie de leyes que cambiaban sustancialmente el marco legal amazónico. Lo hizo aprovechando las facultades extraordinarias que le dio el Congreso  para adecuar nuestra legislación al Tratado de libre Comercio (TLC) con los EE.UU. Los indígenas amazónicos consideraron que dichas leyes atentaban contra sus derechos ancestrales a su territorio y ponían en serio peligro su supervivencia y su sistema de vida. Su demanda fue respaldada, en todos sus términos, cuatro veces, por todos los obispos de la Amazonía en comunicados públicos  de febrero del 2008, agosto del 2008, febrero del 2009 y mayo del 2009.

En agosto del 2008 las diversas etnias amazónicas, agrupadas en AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), realizan su primera protesta y logran que el Congreso derogue los más perjudiciales de esos decretos leyes (1015 y 1073) y que  el Congreso se comprometa a que una Comisión Multipartidaria (integrada por miembros de todos los partidos presentes en el Congreso) estudie el resto de leyes cuestionadas.

Dicha comisión acordó sugerir al Congreso que dictamine “la Derogatoriade los Decretos Legislativos 994, 1064, 1020, 1080, 1081, 1089, 1090, 1083, 1060 y 995, por ser contrarios al orden constitucional referido a las Comunidades Campesinas y Nativas así como al derecho de identidad étnica y cultural y, a la aplicación e interpretación de tratados previstos en el artículo 55º y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que en conjunto vulneran las obligaciones contenidas en el Convenio 169 OIT. Asimismo se recomienda, restituir la vigencia de las normas legales que dichos decretos legislativos hubieran derogado o modificado”[2]

Pero como la presidencia del Congreso estaba en manos de un miembro del partido de gobierno, el partido aprista se las ingenió, en diversas ocasiones, para impedir que el pleno ponga a discusión la derogatoria de los mismos.

Es por ello, que el 9 de abril del 2009 AIDESEP reinicia las protestas exigiendo la derogatoria de los mencionados decretos leyes,protesta que se desarrolló pacíficamente durante 57 días,  hasta el 5 de junio del mismo año.En dicha fecha, a pesar que los indígenas habían decidido retirarse a las 10 de la mañana del 5 de junio, el gobierno aprista ordenó un operativo de desalojo esa misma madrugada.

Allí fue cuando se produjo la tragedia de Bagua, en la llamada “curva del diablo”, con el saldo de 33 personas fallecidas (24 policías, 9 civiles) y un desaparecido hasta el día de hoy (el Mayor Bazán), así como también 205 heridos.A raíz de esos trágicos sucesos hubieron numerosas manifestaciones en todo el país de apoyo a los amazónicos, se logró la derogatoria de dos decretos más (1090 y 1064),se crearon 4 mesas de diálogo y se sentaron las bases para la posterior aprobación de la Ley de Consulta Previa.

 En esa oportunidad Santiago Manuin, líder indígena quefue herido de bala (con 8 perforaciones en la parte abdominal) señaló que“Los nativos no teníamos balas. La policía por susto disparó primero al aire y luego al ras y ahí hirió a uno. La gente empezó a actuar y luego me hirieron a mí gravemente. No tenemos armamento, la policía estaba muy equipada y nos atacaron también desde helicópteros”.

Recordemos que en esa oportunidad Manuin también dejó clara la posición de su pueblo sobre la inversión. El dijo “No estamos en contra del desarrollo ni de la inversión, los necesitamos (…) Necesitamos una inversión bien trabajada, un desarrollo pensado desde la selva y a favor de la selva, que también va a ser lo mejor para el Perú” (…) Mira la historia, cómo han quedado los pueblos indígenas, la deforestación, los ríos contaminados… ¿Eso es desarrollo? 

Y continúa diciendo que en el mundo deben existir “personas conscientes que ayuden a resolver esto, a crear un nuevo modelo de desarrollo para nuestras selvas, cómo enriquecer mejor el trabajo de las maderas sin terminar con ellas, cómo usar nuestros recursos sin contaminar nuestros ríos, cómo seguir en nuestras tierras sin vivir en otro lado. Alguien debe haber en el Perú que entienda esto y nosotros siempre lo apoyaremos”[3].

 De este breve recuento nos parece que queda claro que los agredidos fueron los indígenas amazónicos, quienes durante nueve largos meses trataron de que el gobierno aprista atienda sus demandas, amparadas tanto por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, como por la Constitución Peruana.

 La situación actual

La Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua(Amazonas) ha reactivado el juiciopor el “baguazo” y el fiscal provisional, José Abilio Espichán Gadea, ha pedido se condene a 53 dirigentes awajun y wampis por ocho delitos: homicidio calificado, lesiones graves, disturbios, obstaculización de los servicios públicos, daños agravados, motín, tenencia ilegal de armas de fuego y arrebato de armas de uso oficial en su modalidad agravada. Dicho fiscal ha pedido la pena de cadena perpetua para ocho de ellos: Santiago Manuin, Alberto Pizango, Joel Shimpukat, Leo Timias, Héctor RequejoJosé Chale, Feliciano CahuasaRolín y Danny López Shawith.

Sin embargo, el  abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, señala que en la acusación fiscal “no se evidencia prueba instrumental o testimonial idónea, directa o indirecta, que acrediten la comisión de los hechos delictivos”. Por lo que “se hace insostenible llevar adelante un juicio oral sin las pruebas necesarias”.

Quispe señala que “El rol de los líderes indígenas fue el de coordinar las acciones de protesta social, no de instigar o dar órdenes y directivas para cometer actos delictivos. Esto se demuestra por el hecho de que hasta antes del 5 de junio no existió un solo ataque contra miembros de la Policía; menos aún se realizaron acciones vandálicas contra los bienes del Estado[4].

Por otro lado, el IDL sostiene que el Ministerio Público parte de premisas falsas para sustentar los hechos de su acusación como que el mismo día, 05 de junio de 2009, “recién llegaron al sector de la curva del diablo un promedio de 5 mil nativos” o que los policías “sólo utilizaron gases lacrimógenos para desalojar a los manifestantes”[5].

Por todo ello, laOrganización Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte del Perú(ORPIAN) exige el archivamiento del caso, basados en que ellos solo actuaron en legítima defensa de los derechos colectivos de su pueblo.La organización indígena, además, llama la atención sobre la  reactivación  del proceso judicial justo  “cuando se está por realizar la primera consulta previa” y se mantiene el rechazo de las comunidades “hacia algunas actividades extractivas en sus territorios”.ORPIAN considera injusto el juicio contra  los representantes indígenas a la vez que  “se libera de toda responsabilidad a los ministros, funcionarios públicos y autoridades policiales que provocaron y autorizaron la represión contra nuestro pueblo”[6].

Al respecto, el colectivo Frente Nacional por la Vida y la Soberanía, que el 19 de febrero realizó un plantón frente al Palacio de Justiciaen solidaridad con los indígenas enjuiciados, exige que se enjuicie al ex Presidente de la República, Alan García Pérez, a la ex Ministra del Interior Mercedes Cabanillas y a la ex ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, a quienes consideran como los verdaderos responsables de los hechos sangrientos del cinco de junio de 2009[7].

ORPIAN, pide que el Estado peruano en lugar de generar actos de provocación contra los pueblos indígenas “priorice el diálogo intercultural” y atienda la agenda política “TajimatPujut – TarimatPujut” [Buen vivir] de los pueblos awajun y wampis, para forjar “un país con una democracia intercultural que respete y reconozca la diversidad cultural de nuestros pueblos”.

En su comunicado nos dicen “Somos un pueblo luchador, pacifico y tolerante. Frente a cualquier abuso de nuestros derechos nos defendemos en busca de protección a nuestros pueblos indígenas, defendemos nuestro derecho a vivir sin abusos, ni atropellos, y a ejercer nuestros derechos ciudadanos en igualdad de condiciones. Exigimos respeto a nuestro derecho a vivir sin presión ni discriminación alguna por nuestra forma de pensar y actuar, porque creemos en la libertad de los hombres y las mujeres no podemos hablar del desarrollo de un pueblo mientras estemos oprimidos”.

Nos parece que los hermanos de ORPIAN tienen toda la razón. Es realmente injusto y una provocación el pedido de cadena perpetua para sus dirigentes. Esperamos que la gran solidaridad nacional e internacional que suscitó  la lucha amazónica del 2009 se vuelva a hacer presente para parar esta desafortunada iniciativa.       

 

II.- PELIGROSAS NORMAS PASAN DESAPERCIBIDAS

En Setiembre del 2012 el Congreso delegó facultades  al Ejecutivo para legislar sobre Interior y Defensa. Al amparo de dichas facultades  se han emitido 26 decretos legislativos (entre el 7 y 10 de diciembre) que al decir del Instituto de Defensa Legal (IDL)[8] implican “no sólo un nuevo enfoque, sino una relación distinta del poder con los militares, que está cargada de significativos riesgos” (p.2) y “afecta aspectos centrales de la vida nacional” (p.3).

 A continuación, queremos llamar la atención sobre tres de ellos, que, nos parece,  implican un claro retroceso en lo que la democracia peruana había avanzado desde el  2000 en adelante.

Decreto Ley 1129

Este decreto regula el sistema de defensa nacional.  En su artículo 12 dice que  “toda información o documentación que se genera en el ámbito de los asuntos referidos a la Seguridad y la Defensa Nacional (…) son de carácter secreto” y establece que la persona que divulgue la información será  penada con cárcel efectiva hasta de 15 años.

Ernesto de la Jara, del IDL,  señala que este decreto es “Peligrosísimo, ya que los periodistas o investigadores no podrán difundir ninguna información relacionada con seguridad y defensa, sin incurrir en un delito.  Estamos así frente a un ataque contra la libertad de expresión e información” que implica un grave retroceso en lo que se había avanzado, desde el 2000, en transparencia y rendición de cuentas[9].

El IDL señala que “cual logia medieval, en el ambiente militar casi todo se considera secreto. Algo bastante delicado si consideramos que el material militar son los bienes más caros que tiene el Estado por adquirir. No en vano durante el gobierno fujimorista cientos de militares fueron procesados por malversación de fondos en esta materia y el negociado y faenón fue monumental” (p.15).

 Pero además, como menciona el IDL, “varios de los decretos establecen un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, con mayores posibilidades de acción en temas que corresponden propiamente a civiles, protegido además por un velo de secreto” (p.3) así como también “una presencia más notoria y más relevante de los aparatos de inteligencia de la Fuerzas Armadasen el Sistema de Inteligencia Nacional”(p.4), otorgando a la DINI (Dirección Nacional de Inteligencia) “un poder que ningún aparato de este sistema había tenido desde fines del año 2000” (p.5).

IDL señala que con “el Decreto legislativo Nº 1129 hay un claro intento por implantar un absoluto “secretismo” respecto a todo lo que tiene que ver con seguridad y defensa, violando frontalmente los derechos constitucionales de acceso a la información pública, así como las libertades de prensa y de información. Una falta de transparencia que favorece la corrupción y la impunidad frente a violaciones de derechos humanos y que va en contra de la supremacía del control civil democrático de las Fuerzas Armadas” (p.25).

También afirma  que el gobierno parece no tener en cuenta que  “el concepto de Seguridad ha cambiado, pues ya no se debe partir de la lógica de que esta era sólo problema de los militares, lo cual permitía una concepción militarista para formular políticas públicas que contrarresten las amenazas a la Seguridad Nacional.

El concepto actual de Seguridad busca garantizar la seguridad de los estados brindando a la ciudadanía condiciones necesarias para su desarrollo personal, familiar y social; fomenta el desarrollo sostenible y fortalece los poderes civiles y democráticos. La nueva concepción de Seguridad se debe a que existen nuevas amenazas que la afectan como: el cambio climático, la crisis energética, los problemas de seguridad alimentaria, narcotráfico, terrorismo nacional o internacional, etc. las cuales ya no se abordan sólo desde el ámbito militar” (p.11).

Por ello nos parece saludable quela Defensoría del Pueblo hayapresentado ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1129 por que “anula el derecho fundamental de acceso a la información pública de todas las personas en el ámbito de la seguridad y defensa nacional”[10].

Eduardo Vega, Defensor del Pueblo, explicó que dicho decreto no es constitucional “por tres razones: excede el mandato que le delegó el Congreso, transgrede una norma constitucional como es el derecho fundamental de acceso a la información pública, y además un decreto legislativo no puede modificar una norma de carácter constitucional” 

Para Vega el DL 1129 “Es una norma que significa un retroceso en la transparencia y el acceso a la información pública en el país, regulada por una norma dada hace 11 años, la cual plantea que toda la información del Estado es de acceso público y la excepcionalidad es el secreto”[11]

 Segúnla Defensoría el Poder Ejecutivo no ha tenido en cuenta que “no toda la información que se genera o se posea en dicho ámbito es secreta, como por ejemplo las contrataciones de bienes y servicios  para los sectores de Defensa e Interior”.  Pero, además, considera que dicha norma va contra la legislación nacional e internacional, así como a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de acceso a la información pública.

La defensoría sostiene que la decisión del Ejecutivo atenta contra el derecho fundamental de acceso a la información pública “que fortalece la lucha contra la corrupción, la vigilancia ciudadana, así como el rol de los medios de comunicación”. Para la Defensoría “en un Estado democrático la transparencia existe para garantizar una gestión eficiente de los recursos públicos y otorgarle a las entidades públicas y a sus servidores, legitimidad frente a la ciudadanía”.

Decreto Ley 1146

Recordemos que luego de un gran esfuerzo y movilización de la sociedad civil (en la que jugó un rol central la Comisión Episcopal de Acción Social –CEAS-) se logró eliminar el Servicio Militar Obligatorio, que en nuestro país solo lo cumplían los sectores populares, en condiciones deplorables.

Sin embargo,el Decreto Ley 1146 restablece la inscripción obligatoria en el registro militar  a los 17 años y lo vuelve a poner como un requisito para poder obtener el documento nacional de identidad (DNI). En dicho decreto también se dice que si los institutos militares no logran cumplir la cuota de personal requerido cada año, se procederá a un sorteo entre los inscritos en dicho registro militar, que cuenten entre 18 y 25 años.

Para el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosieste decreto“prácticamente restablece el servicio militar obligatorio en el caso que los institutos militares no completen el número de reclutas que necesitan, que es precisamente lo que viene ocurriendo los últimos años”[12].

Todavía hay tiempo para que los sectores que jugaron un importante rol en la supresión del Servicio Militar Obligatorio reaccionen en contra de esta situación.

Decreto Ley 29986

Dicho decreto modifica el Código Procesal Penal (artículos 159 y 239) para permitir que personal militar y policial puedan proceder al levantamiento del cuerpo de personas fallecidas sin la presencia de un fiscal.  Como es conocido, la presencia del fiscal permite que alguien ajeno al hecho pueda determinar, de forma imparcial,  las causas del fallecimiento de una persona, y recoger las pruebas que luego permitan deslindar las responsabilidades del caso.

También sabemos que en muchos casos personal militar y policial está involucrado en dichas muertes, como ha ocurrido a veces en el caso del combate al terrorismo, al narcotráfico o en las protestas sociales.  Permitir que dicho personal pueda proceder al levantamiento de las víctimas los convierte en juez y parte y atenta contra una adecuada administración de Justicia.

César Romero C. señala que “existe el temor de que lo “excepcional” se convierta en habitual y se genere impunidad en casos de abuso de autoridad y dudas sobre la legalidad de un operativo policial militar”[13]

Es por ello que la Fiscalía también ha planteado una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, buscando que  el DL 29986 no entre en vigencia.


 

[1] ) Tema que hemos tratado, ampliamente, en nuestro comentario del 20 de noviembre del 2012, titulado “El Pedido de revocatoria de la Alcadesa de lima, Susana Villarán” y que se puede bajar de www.bcasas.org.pe y que también trata ampliamente el último número de la Revista Ideele “La batalla por Lima”. Se puede acceder a ella en http://www.revistaideele.com/ideele/content/número-227

[2] ) Congreso de La República. Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas. Periodo Legislativo 2008-2009. Informe sobre los Decretos Legislativos Vinculados a los Pueblos Indígenas Promulgados por el Poder Ejecutivo en Mérito a la Ley n. 29157 (diciembre 2008) p.94.

[3]) ManeiroLabayen, Iñigo, Entrevista a líder aguaruna Santiago ManuinSOMOS,(Revista sabatina de El Comercio) 20 de junio del 2009.

[4] ) “Bagua sin pies ni cabeza” en Revista Ideele n. 227. Se puede bajar de http://www.revistaideele.com/ideele/content/bagua-sin-pies-ni-cabeza

[5] ) Servindi: “Perú”: sin pruebas idóneas acusan y piden hasta ´cadena perpetua´ para dirigentes del Baguazo” 24 de enero del 2013 en http://servindi.org/actualidad/80990

[6] ) Servindi Perú: Organización Indígena regional pide cese ala persecución de dirigentes, 28 de enero del 2013. Puede bajarse de

http://servindi.org/actualidad/81130?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

[7] ) Cf. Servindi “Perú: protestan contra pedido de cadena perpetua a líderes indígenas del Baguazo”, 20 de febrero del 2013. Puede bajarse de  en http://servindi.org/actualidad/82753?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+de+Informaci%C3%B3n+Indigena%29

[8]) Todas las referencias de páginas, en adelante, son de  Instituto de Defensa Legal — IDL  De los guardianes socráticos a los decretos legislativos Análisis sobre el paquete de decretos legislativos del presidente Ollanta Humala en los sectores de Defensa y de Interior, que se puede bajar de www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc.../doc20122012-143722.pdf

[9]) De la Jara, Ernesto “Absoluto Secretismo Militar” en Revista Ideele 226 (diciembre del 2012

[11]) Castillo, María Elena “Defensoría: Decreto Legislativo que limita transparencia en Defensa es inconstitucional” en La República, 17 de febrero del 2013.

[12]) Rospigliosi, Fernando “Militares en el Poder” La República 16 de diciembre del 2012.

[13]) “Fiscalía en contra de que militares recojan cadáveres” en La República 22 de enero del 2013.

 

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