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La agenda de la verdad y la justicia a 9 años del informe CVR
Análisis y reflexión
Viernes, 31 de Agosto de 2012 12:17

Compartimos un escrito de Salomon Lerner, que integró la Comisión de la Verdad y Reconciliación, acerca de los nueve años que se cumplen desde la entrega del Informe de la CVR sobre los 20 años de violencia política que vivió nuestro país. Recoge el sentido que tuvo este informe para el Perú, los detractores y también debilidades de parte del Estado porque no se haya suficientemente difundido entre la población, y la agenda pendiente que se tiene por superar este difícil pasado que aún tiene víctimas que no han recibido las reparaciones del caso.

Compartimos las primeras líneas de este discurso. También pueden descargar el documento completo aquí (PDF)

Han transcurrido nueve años desde que la Comisión de la Verdad y Reconciliación hiciera entrega de su Informe Final a los tres poderes del Estado peruano y al país en general. La distancia que brinda este lapso relativamente extenso nos permite evaluar cuál ha sido el destino seguido por las  contribuciones  realizadas  por  la  CVR.  Esta  exposición  no  pretende limitarse a un enunciado de avances y omisiones sino, además, recordar el sentido de la labor realizada hace casi una década y del proceso democrático transcurrido desde entonces.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación nació en un clima de expectativas de reforma, cuando existía la impresión de que la sociedad peruana había aprendido del grave error que fue la entrega de sus libertades a cambio de una supuesta seguridad económica y de la pacificación. La creación de la CVR era, así, un imperativo ético para el Estado peruano. Nuestra sociedad tenía el derecho a conocer la magnitud de las situaciones de violencia y vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante las dos últimas décadas del siglo XX no solo para sancionar a los culpables de lo ocurrido o establecer los grados de responsabilidad política y social de los actores involucrados, sino también  porque  la  verdad  en  sí  misma  tiene  un  efecto  reparador  en  las sociedades que han sufrido experiencias de violencia y gobiernos autoritarios. La tarea de la CVR supuso asumir con plena conciencia las desigualdades y las diferencias ignoradas de la sociedad peruana, muchas de las cuales aún no son reconocidas por todos los ciudadanos de nuestro país. Así, conjuntamente con la construcción de un relato que describía actos execrables y también expresiones de coraje y defensa de los derechos fundamentales, la Comisión buscó comprender el telón de fondo en el que se desarrolló la violencia. Los procesos de modernización truncos y las situaciones de exclusión incidieron en la forma como la violencia afectó en distintas maneras a sectores de la sociedad  peruana  y  condicionaron  la  actuación  de  los  actores  armados, políticos y sociales involucrados en estos sucesos. Ello explica – aunque de ningún modo justifica -    tanto la insania con la que los grupos armados y miembros de las fuerzas del orden actuaron contra sus propios compatriotas, así como la indolencia o complacencia con las acciones violentas.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación planteó su trabajo poniendo por delante el sentido ético de su labor: la búsqueda de la verdad; la necesidad de otorgar sentido a la justicia, comprendiendo sus aspectos penales, pero yendo más allá de ellos; y la urgencia de iniciar un proceso de reconciliación que, lejos de entenderse como una ventana hacia la impunidad, implicara un nuevo pacto social entre los peruanos.

Los hallazgos realizados por la CVR, conocidos por todos quienes hayan sentido cuando menos una pequeña inquietud por informarse y comprender, constituyeron la base de la presentación pública que hicimos del Informe Final, en agosto de 2003, ante los tres poderes del Estado. El discurso que me correspondió pronunciar en esa ocasión enfatizó en el escándalo que suponía para el país que amplios sectores de compatriotas desconocieran la magnitud de lo ocurrido a nuestros hermanos que viven en la sierra y en la selva de nuestro  país,  así  como  en  las  zonas  más  pobres  de  nuestras  ciudades. Asimismo, señalamos en esa oportunidad las responsabilidades sobre la comisión de violaciones a los derechos humanos y resaltamos las expresiones de valor y coraje de civiles y militares que enfrentaron al terror con valentía y respeto a la ley.

Sin embargo, a pesar de la claridad de nuestro mensaje y de nuestro trabajo, se inició una ofensiva contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sus integrantes y su Informe Final. Los ataques vinieron desde sectores que se opusieron desde el inicio a la exposición de la verdad. Estos sectores han insistido en una batalla contra la memoria en la que presentan a las víctimas de las acciones del Estado que terminaron en violaciones a los derechos humanos como meros “costos a pagar por la pacificación”, celebran y reivindican las arbitrariedades del gobierno fujimorista y se complacen en el uso de epítetos en vez de desarrollar políticas serias para poner atajo a los remanentes de Sendero Luminoso, hoy vinculados al negocio del narcotráfico y pretendiendo ganar una inmerecida e inaceptable presencia pública en las ciudades por medio de organizaciones de fachada como Movadef.

A ellos se sumaron quienes creen que toda crítica al statu quo en el Perú implica poner en peligro el crecimiento económico alcanzado sobre la base de un modelo económico que si bien ha dado resultados positivos para el país en términos generales, todavía deja mucho que desear en términos de inclusión y justicia, como bien lo saben millones de peruanos diariamente.... (Continúa)

 Puede descargar el documento completo en PDF aquí.

 

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